20 de febrero de 2012

La educación inclusiva y la diversidad funcional

 Por Antonio Centeno

Todos los indicadores apuntan a una clara exclusión social de las personas con diversidad funcional. 

Respecto la población general las tasas de paro, de analfabetismo o de riesgo de sufrir violencia son muy superiores, mientras que las ratios de acceso a estudios no obligatorios, de renta, de actividad, de acceso a la vivienda o a la participación política resultan claramente inferiores. 

No estamos ante un "colectivo de individuos que tienen problemas personales por su manera de ser", sino ante un sistema social con estructuras y dinámicas discriminatorias, segregadoras y opresoras, en el que hablar de igualdad de oportunidades debería sonrojar a más de uno. 
Por tanto, necesitamos un cambio sistémico en las políticas y en su sustrato ideológico, en la manera de mirar y valorar la diversidad humana en general y la diversidad funcional en particular. Ante tamaño desafío hay que reflexionar sobre los dos elementos de socialización más potentes que existen; la cultura (muy especialmente la televisión) y la educación.

En el ámbito de la educación hay que diferenciar entre educación especial (el alumnado es segregado en función de sus características personales), la integración escolar (los alumnos deben adaptarse al sistema, con algunos apoyos, a menudo insuficientes) y la educación inclusiva (la totalidad del sistema, incluyendo formación del profesorado y procesos pedagógicos, se adapta a toda la diversidad humana) La potencia del modelo de educación inclusiva radica en que no es tanto un fin como un medio. 


La urgencia vital de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la infancia con diversidad funcional facilita caer en la tentación de justificar los atajos segregacionistas de la educación especial y la hipocresía estigmatizadora de la integración escolar. 


Sólo cuando somos conscientes de la necesidad ineludible de transformar globalmente el sistema educativo para que todas las personas aprendan a ser desde la experiencia de convivir con la diversidad humana en todas sus expresiones podemos visualizar la educación inclusiva como un potente medio para tal fin. Los valores no se interiorizan sólo con discursos y textos didácticos, sino compartiendo risas, mocos, bocatas de nocilla...

Respecto a las leyes que deberían garantizar la educación inclusiva, el "Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad" de la ONU, en sus conclusiones sobre el informe presentado por España, afirma que:

 "el Comité está preocupado por la aplicación de estas leyes en la práctica, en vista de los casos de falta de plazas razonables, de la segregación y la exclusión continua, de los argumentos financieros utilizados como justificación para la discriminación, y de los casos de niños matriculados en educación especial en contra de los deseos de sus padres".

El Comité observa con preocupación que los padres que recurren la derivación de sus hijos con discapacidad a centros de educación especial, no tienen ninguna posibilidad de apelación y que su única alternativa es educar a su propio costo, o pagar por el ajuste razonable de su hijo en el sistema de educación regular", por lo que recomienda a España:
 "Incrementar sus esfuerzos para realizar los ajustes razonables en educación, la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para aplicar el derecho a la educación inclusiva; prestando especial atención a estudiar la disponibilidad de profesores con cualificación de especialista; y garantizando que los departamentos educativos de los gobiernos locales entiendan sus obligaciones bajo la Convención y actúen en conformidad con sus disposiciones"

Esta grave situación deriva de causas estructurales, especialmente la tolerancia legislativa de una doble red educativa que segrega en función de las características personales del alumnado (artículo 74.1 de la LOE, artículo 81.4 de la LEC), y puede visualizarse con claridad en los casos concretos que recogen los informes de Solcom 2010 y 2011 y en el “Libro rojo de la educación española”. 


Si queremos un sistema educativo mejor preparado para abordar la realidad del siglo XXI éste debe ser inclusivo, y eso pasa por introducir cambios legislativos, mejorar la formación del profesorado y dotar de medios técnicos y humanos las escuelas. 

Necesitamos un proceso de transición, con calendario y presupuesto, de manera que los centros de educación especial dejen de ser un lugar para niños y niñas con diversidad funcional y se conviertan en espacios de apoyo, formación y coordinación para el profesorado, acabando así con la segregación y facilitando transformar la escuela integradora en escuela inclusiva. 

En educación, como en todo aquello que resulta fundamental para la igualdad, la justicia y la libertad, no valen medias tintas

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